En 2016 estalló un conflicto armado en mi país. En ese momento, la agricultura era la principal fuente de ingresos para mí y mi familia. El conflicto generó desafíos en mi trabajo y en mi medio de vida; el camino del mercado se volvió inaccesible para los vehículos, por lo que yo mismo tenía que llevar los productos agrícolas al mercado.

En 2017, comencé a experimentar fatiga y sed excesiva, supuse que se debía al arduo trabajo que estaba haciendo. Sin embargo, pronto comencé a tener heridas en las piernas que tardaban más de lo normal en sanar y mi visión se volvió borrosa. Gente vecina me ayudaba regularmente a limpiar mis heridas porque ir al hospital era muy arriesgado debido al conflicto armado. Un amigo mío, que había experimentado síntomas similares, insistió en que visitara el hospital porque sospechaba que tenía diabetes, pero dudé de sus recomendaciones.

Más tarde comencé a tener dolores de espalda y palpitaciones. Al notar lo frecuentes que eran, decidí visitar al médico del centro de salud comunitario de Bafut, quien me diagnosticó diabetes y me recetó una amplia lista de medicamentos, entre ellos amlodipino, metformina, lisinopril, hidroclorotiazida y piridoxina. Como se trataba de una clínica de atención primaria que no se centra en las ENT, pagué la totalidad de los servicios ya que no había subsidios para el costo del tratamiento y no tenía ningún tipo de seguro médico, porque no tenía una fuente estable de ingresos. No entendía las implicaciones de la diabetes y no podía controlar la enfermedad adecuadamente con tratamiento debido a su alto costo. Unos meses más tarde, sufrí un derrame cerebral que dejó paralizado el lado derecho de mi cuerpo. El médico dijo que era causado por la presión arterial alta y que las palpitaciones que experimentaba eran una señal de ello. Esto me hizo cambiar a la pintura de casas como fuente alternativa de ingresos, ya que era menos estresante en comparación con la agricultura.

Debido al conflicto, perdí la mayoría de mis pertenencias y tuve que mudarme a un lugar más seguro. Hacía trabajos ocasionales para poder pagar los gastos médicos, pero la mayoría de las veces no cubría el costo ni de una consulta. No poder pagar el tratamiento implica no tener acceso a ningún tipo de servicio de salud.

Cuando me mudé a Mulang en la región noroeste de Camerún en 2019, que entonces estaba en conflicto, conocí a Pa Lucas, un guardia de seguridad jubilado que vive con diabetes e hipertensión. No recibía apoyo económico de nadie y, al igual que yo, no tenía seguro médico ni plan de pensiones porque no podía pagarlo. Como guardia de seguridad con salarios bajos, tampoco estaba incluido en el plan nacional de jubilación. Su condición siguió deteriorándose porque no podía pagar de su bolsillo los servicios de salud. Ya era de edad avanzada y no estaba físicamente apto para ningún trabajo debido a sus problemas de salud. Recurrió a la mendicidad y sobrevivió gracias a las donaciones de algunas personas de la comunidad. Pa Lucas visitaba con frecuencia el Hospital Regional para hacerse pruebas de laboratorio y conseguir medicamentos. Cada vez que iba sin dinero suficiente, las y los trabajadores de la salud lo dejaban desatendido o lo atendían al final, dando prioridad a las personas que podían cubrir el pago completo. Cuando lo atendían, sólo recibía los servicios que podía pagar, sin subsidios, por muy mala que fuera su condición. A menudo se quedaba sin dinero y lo echaban del hospital insultándolo.

La historia de Pa Lucas no es única: las desigualdades que ha enfrentado debido a la falta de recursos financieros y el mal trato por parte del sistema de salud son desafíos comunes para muchas de las personas que intentamos acceder a hospitales o clínicas gubernamentales para servicios de salud vitales.

La señora Manka’a, por ejemplo, tiene una historia parecida. Es una viuda que vive en una zona remota de Mulang con sus tres hijos y sufre de diabetes, que le ha hecho perder la vista. No hay clínicas en su área. Sólo recibe ingresos de la agricultura, que apenas alcanzan para alimentar a su familia. Además de las barreras geográficas de acceso, la señora Manka’a no recibe ninguna asistencia financiera, lo que significa que no accede a ningún tipo de atención médica.

En el hospital Nkwen Baptist, conocí a otras personas que viven con ENT, una de ellas con cáncer. El problema más común que comparten estas personas es el acceso al apoyo financiero. El conflicto armado en Camerún ha hecho que nuestras comunidades sean inseguras, dejándonos a la mayoría como personas desplazadas internas sin dinero ni propiedades. Tenemos que empezar de cero en lugares nuevos, encontrar refugio y empleo para obtener ingresos con oportunidades laborales muy limitadas. Sólo podemos encontrar trabajos en las tierras de cultivo, limpiando y colocando ladrillos sin una buena paga para cubrir nuestros gastos diarios. Esto contribuye, en gran medida, a nuestra incapacidad de acceder a la atención en salud.

Vivir con ENT y no poder costear o acceder a servicios de salud es una carga difícil de soportar.

Muchas personas que viven con ENT en Camerún carecen de acceso a servicios de salud y, como resultado, no son diagnosticadas. Cuando acceden a los servicios de salud y reciben un diagnóstico, no existe un seguimiento adecuado para apoyar el tratamiento ni el manejo de su condición. Muchas personas ni siquiera tienen idea de qué son las ENT, ni de sus signos y síntomas, ni de cómo prevenirlas.

Ya es hora de que el gobierno, el Ministerio de Salud Pública y las organizaciones de la sociedad civil unan fuerzas para implementar medidas efectivas para reducir la carga de las ENT a nivel nacional. El Ministerio de Salud Pública debería garantizar que las personas como yo, que vivimos con ENT, tengan acceso a servicios de salud en todos los niveles. También deberían crearse clínicas o centros de ENT en las zonas rurales para aumentar el acceso a la atención médica para quienes no pueden llegar a las zonas urbanas, tal como lo señaló la Sra. Manka’a. También insto a la sociedad civil y al Ministerio de Salud Pública a que realicen esfuerzos adicionales para crear conciencia sobre las ENT, centrándose en llegar a zonas remotas. Estas poblaciones tienen un mayor riesgo de vivir con ENT no diagnosticadas o tratadas y, por lo tanto, sufren más probabilidades de tener una mayor morbilidad y mortalidad. Además, las ENT deben incluirse en el presupuesto nacional, y el costo de los servicios de salud para las ENT debe subsidiarse, como lo son los servicios para enfermedades infecciosas, de modo que podamos tener acceso al diagnóstico y tratamiento a pesar de nuestras circunstancias financieras y del conflicto en curso.

Por último, las personas que vivimos con ENT deberíamos contar con un monitoreo adecuado. Esto podría lograrse mediante una atención comunitaria, asignando trabajadores de salud a las y los pacientes para mejorar el acceso a la atención, cuando sea necesario. Esto también reduciría los casos de discriminación por parte del sector de la salud, ya que se comprenderían mejor las necesidades de las y los pacientes. Asignar trabajadores de salud al seguimiento de pacientes también puede resolver las barreras geográficas de acceso, lo que permitirá el monitoreo de las personas que viven con ENT independientemente de su ubicación. Se puede contactar a las personas en zonas rurales o más remotas desde la comodidad de sus hogares y establecer acuerdos de seguimiento para ayudar a las personas a controlar sus afecciones.